El PIPD diseñado por AT Group incorpora las actualizaciones vinculadas a los requerimientos que realiza la Agencia Española de Protección de datos y que se pueden identificar en el Informe presentado por la mencionada entidad en la comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso que efectuó el Director de la mencionada institución el pasado mes de diciembre .
Materias como procedimientos de video vigilancia, incidencias vinculadas a Internet y a la privacidad o la recientereforma del Código Penal que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010 y que introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las empresas, por sus representantes y administradores, o por sus empleados si no se ha ejercido el debido control sobre ellos, son abordados por el PIPD de forma que se proporciona a la empresa una adecuación integral conforme a lo que determina la norma.
De forma destacada y como se mencionaba anteriormente, en las novedades del PIPD se atiende a la reforma penal también contempla la posibilidad que las organizaciones puedan atenuar o eximirse de sus responsabilidades si establecen un Programa que incluya elementos de prevención y detección de delitos.
AT Group, la empresa experta en protección de datos y derecho de nuevas tecnologías incluye en su PIPD (Plan Integral de Protección de Datos) medidas de control, programas y procedimientos que permiten reforzar el sistema de control interno de la compañía, así como documentar suficientemente las mencionadas medidas lo que permite ser aportado como pruebas ante tribunales, lo que según la norma, contribuye a atenuar o eximir de responsabilidades a la empresa..
Además, AT Group acompaña a la organización que cuenta con sus servicios en todo el proceso atendiendo a cuantos escritos, requerimientos, testimonios y demás actuaciones judiciales le puedan ser requeridas e interviene en las comparecencias, recursos y actuaciones judiciales que puedan sean necesarios.
Así pues, el PIPD diseñado por AT Group, cumple una doble finalidad. Permite adecuar la organización a la normativa en materia de protección de datos e introduce los elementos necesarios para atender a las responsabilidades penales que se le puedan requerir a la empresa.
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